Durante las últimas
cinco décadas, la institucionalidad política de Colombia a sido socavada por el
conflicto interno con las FARC. La misma que, a merced de plomo, ha cercenado
lo que hoy –a través del desacato del fallo de la CIJ– defiende: la soberanía nacional. Sin embargo, es probable que
la controversia jurídica con Nicaragua
no haya incidido directamente sobre este último movimiento colombiano tanto
como la impronta del conflicto armado sobre determinado sentido de
representación política. En donde cabe más la imperante desconfianza respecto a
la impericia de entidades jurídicas, impartiendo justicia.
De ese modo, se puede
entender no solo la inconformidad, sino la carga emotiva –nacionalista– de la
protesta colombiana, pese a algunas posiciones moderadas
que, invocan la
negociación luego de emitirse un fallo, una decisión. Por lo que,
desconocer la jurisdicción de determinado tribunal internacional de justicia,
no cuestiona tanto el fuero de La Haya pese a la adherencia previa con el Pacto de Bogotá sino
que, refuta la pertinencia de un sentido de justicia (moderno) en donde la
"equidad" cobra sentido entre partes litigantes que se saben en medio
de una controversia en la que no caben las susceptibilidades beligerantes tanto
como la disposición a reformular por medio del diálogo (jurídico) aquello que
la geología de la historia -el tiempo- "en derecho", no ha incidido
positivamente en determinadas relaciones bilaterales.
Es válido formar parte
de un artefacto jurídico para resguardar los intereses nacionales frente al
exterior y, también es legítimo abandonarlo aunque esto no sintonice
precisamente con las demandas de paz del pueblo colombiano en razón al
conflicto interno que la aqueja. Precisamente, en esta coyuntura colombiana de
puestas en diálogo –con las FARC–, era importante delinear una cultura política
de respeto a la institucionalidad sin embargo, ha ganado la presión popular con
sus demandas de justicia y ajusticiamiento que, en este caso reposa sobre
Nicaragua, y esta última, más que adversario, ha resultado ese tercero excluido
que descubre las inconsistencias –en términos de gestión– de aquellos que
portan el poder pero que localmente de pronto, tampoco han logrado administrar
con equidad.
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